Crisis migratoria actual entre la República Dominicana y República de Haití

Plan Nacional de Regularización o problemática migratoria entre RD y Haití

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Largas filas de Inmigrantes haitianos buscando retirar carnés y completar expedientes en plan de regularización. Cortesía de Jacqueline Lyon

Ante el anuncio del cumplimiento de los 45 días para que los/as inscritos/as hasta el 17 de junio del 2015 en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as (PNRE) en condición migratoria irregular completen sus expedientes, República Dominicana vuelve a ser centro de atención de la comunidad internacional.

Por lo menos, las autoridades dominicanas encargadas del PNRE – Ministerio de Interior y Policía – han anunciado que se continuará recibiendo la documentación faltante en las 25 oficinas habilitadas para tales fines.

En una rueda de prensa realizada por Justicia Migratoria, un movimiento social compuesto por sindicatos y organizaciones de inmigrantes, había adelantado que se necesitaría de un tiempo más amplio para dicho proceso. Y fue aún más lejos al reiterar su llamado de que sea extendido el plazo de inscripción o recepción de nuevas solicitudes en base a un proceso justo, claro y transparente.

Y en base a esas informaciones, se necesita aclarar a la sociedad de los dos países de la isla y la comunidad internacional lo siguiente:

El PNRE, erróneamente mal visto por la comunidad internacional. El PNRE no constituye del todo un problema, por lo menos desde el punto de lo que es el ordenamiento migratorio en el país.

La sociedad civil dominicana en mayor parte, así como algunas organizaciones de la sociedad civil haitiana, pedían desde hace por lo menos diez años la aplicación del PNRE  ordenado por el artículo 151 de la Ley General de Migración  285-04. Siempre se sabía que tendrían lugar las deportaciones luego de concluido el proceso. Sólo que la ejecución de ese plan no resultó del todo justa, clara y transparente – como lo denunció el movimiento Justicia Migratoria-.

La realidad es que un estimado de 200,000 personas se quedaron fuera del proceso por varios factores, tales como la falta de coordinación interinstitucional y trabas burocráticas y arbitrarias de parte de los/as oficiales, y la poca respuesta de las autoridades haitianas de otorgar documentos de identidad a los/as solicitantes.

Una guerra diplomática inútil para la población inmigrante en RD. Luego del reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual el gobierno dominicano ha rechazado en la opinión pública nacional por solicitar que las naciones que comparten la isla deben retomar el diálogo y ofreció su intermediación.

El gobierno dominicano condiciona diálogo con el de Haití, cuando afirmó en su respuesta al informe que: “… existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países, y que se podrán restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana…”

Empero, muchos/as quienes seguimos el tema muy cerca entendemos que el principal promotor de una supuesta campaña de descrédito lo ha promovido el mismo gobierno dominicano. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no debió nunca ser vinculante al plan extraordinario de regularización de los extranjeros, además de que en nombre de la institucionalidad (que no se respeta en muchos otros ámbitos de la vida nacional), quiso intentar reconocer como válida esa sentencia violatoria de los derechos fundamentales en la cuestión de la nacionalidad. Eso se refleja en la decisión de informar los casos de regularización junto con los de la Ley 169-14, los cuales son dos temas diferentes.

Los dos Estados se acusan, y claro, cada cual dice tener la verdad de su lado. Quienes no se benefician de ese “tire-jala” son las personas migrantes, quienes necesitan de un verdadero apoyo para su regularización.  Los datos y las realidades acerca de esa problemática migratoria son accesibles y muy fácilmente comprobables.

OEA, RD y Haití. Es legítima la defensiva del Estado dominicano con respecto a la OEA, ya que en el pasado ha hecho daño tanto en República Dominicana como en Haití. Y quizás se pueda ir aún más lejos: ¿Cuál ha sido el aporte de la OEA con respecto a la dificultad logística de Haití de proporcionar pasaportes y otros documentos de origen para que los/as inmigrantes haitianos/as pudieran aplicarse en el PNRE? Y si ha sido de algún soporte por resolver dicha situación ¿qué ha pasado entonces que muchas personas aun esperan poder lograr sus documentos?

Sin embargo, se tiene que reconocer también que las instituciones no son estáticas en sus comportamientos y líneas programáticas a través del tiempo. De hecho, es difícil, por no decir casi imposible, encontrarse una institución así, por lo menos las que tienen cierta rotación de dirigencias. Tampoco era entendible el manejo que hizo el gobierno dominicano a las declaraciones del secretario general, Luis Almagro, cuando fue entrevistado en la cadena CNN.

Con o sin OEA, la población inmigrante del país quiere que los dos gobiernos se sientan a dialogar seriamente del tema, pero de verdad el tema.

A modo de conclusiones, incluyendo sugerencias que no corresponden tanto a todo lo argumentado más arriba, se quiere colaborar en ese debate con que el Estado haitiano deba declarar la guerra al tráfico ilegal y la trata de personas, sobre todo en los puntos fronterizos.

También, manejar mejor sus relaciones diplomáticas con la República Dominicana y agilizar la entrega de pasaportes para sus migrantes completar en el Plan de Regularización…

El Estado dominicano debe romper con todo manejo patriotero y politiquero del asunto migratorio, ya que este país cuenta con tantas/os expertas/os en el tema que le darían un trato adecuado y sin pasiones ultranacionalistas.

Pero, sobre todo, los dos Estados deben poner a la gente en el centro de cualquier política social, invitar a la sociedad civil a ser parte de la solución parcial de la problemática migratoria en RD ​pero​ que involucra seriamente responsabilidades compartidas con Haití.

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