Migración y Derechos Humanos

Los migrantes también tienen derechos y exigen protección

Los Derechos Humanos son derechos universales, cuya titularidad corresponde a todas las personas, independientemente de cual sea su nacionalidad, cultura, origen étnico, religión, ideología, preferencias personales o cualquier otra condición. La integralidad, inalienabilidad e indivisibilidad también son características de los derechos humanos.

Los derechos humanos también son llamados derechos fundamentales puesto que generalmente son recogidos en las Constituciones (leyes fundamentales) de los Estados, y/o en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, muchos de los cuales, como en el caso de la República Dominicana, pertenecen al llamado “Bloque de Constitucionalidad”.

Los derechos, tales como el derecho a un nombre, a una nacionalidad, educación, empleo, salud, libertad, participación política, etc., son derechos cuyo gozo y ejercicio nos corresponde a todos/as bajo la protección de los principios generales de No Discriminación y de Igualdad de todos/as ante la Ley.

Por tanto, también los migrantes, al ser seres humanos y sin importar cual sea su “estatus legal”, son titulares de derechos humanos y todos los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de estos derechos, creando y/o habilitando los mecanismos para el acceso al goce y ejercicio y que garanticen de manera efectiva la exigibilidad de los mismos.

Sin embargo, se puede observar a nivel globa, que desde el seno de las sociedades receptoras, tienen lugar espontáneamente o de manera inducida, reacciones de resistencia a la presencia de los migrantes. Reacciones que van desde expresiones de un velado prejuicio generalizado, discriminaciones sutiles o muy evidentes, hasta persecución política, religiosa, étnica, etc., llegando algunos Estados a incorporar y aplicar en su derecho interno normas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos que les vincula.

El inmigrante es muchas veces visto como alguien que resta, y que entra al sistema social para competir por las escasas oportunidades que éste brinda. Entonces los gobiernos sienten la presión de grupos nacionalistas o neo nacionalistas, que reclaman el endurecimiento de las políticas migratorias, lo que implica siempre la exclusión social de los migrantes y la consecuente reducción del reconocimiento de sus derechos.

Llegados a este punto, hay que agregar que el mecanismo que se ha asumido para asegurar la exclusión social y política de los migrantes consiste en mantenerlos bajo estatus de “ilegalidad”, para lo cual se restringen los procedimientos para la obtención de documentación, se elevan los costos de las tazas, limitándose así las posibilidades de su regularización e integración social. Esto es complementado con repatriaciones aleatorias y la estigmatización de los migrantes con la instrumentalización de los estereotipos y de los prejuicios a través de los diversos esquemas de socialización, particularmente a través de los medios de comunicación.

Cabe la interrogante: ¿Tienen los Estados la facultad de limitar el alcance de los Derechos Humanos?

Desde el punto de vista jurídico formal los Estados sí pueden limitar algunos derechos, pero bajo ciertas condiciones y con ciertas restricciones. Esta Facultad de los Estados, deriva del principio de soberania. Los Estados en el ejercicio de este derecho pueden dar un trato diferenciado a las personas migrantes en relación con la población nacional. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) ha limitado esta facultad de los Estados en los términos siguientes:

… “Siempre y cuando éste tratamiento diferenciado sea razonable, objetivo, proporcional y que no lesione los derechos humanos. (…)” además explicó que: “los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.”[1]

[1] Opinión Consultiva OC-18/13 del 17 de septiembre del 2003.

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